Hace años que este método de extinción de incendios está prohibido expresamente por la ley.
Así que podríamos concluir, que la Consejería de bienestar Social de la Comunidad de Madrid se preocupa mucho por la seguridad de nuestros familiares y de los trabajadores de los centros, solamente en los edificios abandonados, sin importarles en cambio las condiciones de las nuevas ubicaciones.
La única obligación que tienen los gobiernos es dotar a los pueblos de servicios que garanticen la sanidad, la educación, la seguridad y la atención a sus ciudadanos tocados por la desgracia de sufrir una minusvalía que les hace dependiente. Si no lo hacen que pintan en sus cargos. Que se vayan y dejen a personas sensibles en sus puestos. En las próximas elecciones hay algo que hacer y que decir.
ResponderEliminarjerónimo.